La Reforma Agraria Liberal

     En el Antiguo Régimen, normas, leyes y prácticas cotidianas condicionaban y limitaban la producción y la propiedad de la tierra. Por eso, la burguesía liberal consideraba imprescindible llevar a cabo una reforma agraria que convertiría la propiedad de la tierra en un bien privado, particular e individual. Para eso, llevarán a cabo una serie de medidas que romperán las leyes que las limitan: la abolición del régimen  señorial, la desamortización de las tierras eclesiásticas y comunales, la desvinculación de los  morgadíos, la autorización de la libertad de cultivos, la venta de las tierras y la supresión del décimo eclesiástico. Estas medidas sufrieron momentos de aceleración con los gobiernos progresistas y  deceleración con los moderados.

    Uno de los fenómenos más característicos de la España del siglo  XIX fueron las desamortizaciones , es decir, la expropiación por parte del estado de bienes de los particulares tanto civiles como eclesiásticos para su posterior  venta. Con esta operación, el estado conseguía una serie de ingresos extraordinarios en una época de graves dificultades financieras. El proceso fue muy lento y prolongado no so por los constantes cambios de gobierno, sino también por la gran cantidad de bienes puestos a  venta.

    Los antecedentes de estas desamortizaciones las encontramos en los ilustrados del siglo  XVIII que se preocuparon por el estudio de las medidas que podrían mejorar la agricultura y modificar el régimen de la propiedad de la tierra en tiempos del reinado de Carlos IV, destacando a Jovellanos y su  informe sobre la Ley Agraria de 1795, que recogía la desvinculación de las tierras de manos muertas y comunales en propiedad particular y la  venta de los  morgadíos. No obstante, las medidas allí recogidas nunca se llevarían a cabo. Sería con Godoy en el gobierno cuando, en 1798 cuando las tierras eclesiásticas serán  desamortizadas para hacer frente los gastos militares. Más adelante, con José de  Bonaparte,  se suprimen conventos y se venden sus bienes para conseguir partidarios a su régimen. En las cortes de Cádiz se confiscaron los bienes de los afrancesados, conventos derribados y las órdenes militares, pero, con la vuelta de Fernando VII se paraliza toda la obra legislativa gaditana. Las principales desamortizaciones se llevarían a cabo en el reinado de Isabel II con  Mendizábal,  Espartero y  Madoz en el gobierno.

    La desamortización de  Mendizábal tuvo lugar en 1836, en el marco de la Primera Guerra  Carlista, en un momento crítico para la casa  isabelina y la revolución liberal. Para poder fortalecer la credibilidad del estado ante futuras  peticiones de  créditos  instituciones  extranjeras, era preciso eliminar o  disminuir la deuda pública. Ante la mala situación de la hacienda,  Mendizábal consideró  recurrir la nuevas fuentes de  financiación mediante la puesta en  venta de casas, monasterios y conventos. De este modo,  Mendizábal buscaba conseguir varios objetivos al mismo tiempo: pagar la deuda pública para hacer frente a las Guerras  Carlistas, poder solicitar nuevos prestamos al  extranjero, ampliar la base del liberalismo, luchar contra poderlo de la Iglesia y crear una clase media de campesinos propietarios de las tierras. No obstante, no consiguió cumplir sus objetivos ya que las tierras fueron compradas por nobles y burgueses con medios para explotarlos. De este modo, no pudo hacer frente a deuda y los liberales entraron en conflicto con la Iglesia.

    Viene sucedida en 1841 con la desamortización de  Espartero, que  supuso la expropiación y  venta de los bienes del clero secular, completando la desamortización de  Mendizábal. Buscaba sanear la hacienda pública. Pero poco tiempo después es detenida por la vuelta de los moderados al poder. El gobierno firma con la Iglesia el  Concordato de 1851, en el que la Iglesia reconoce la desamortización y levanta la  excomunión sobre los compradores de las tierras a cambio de la confesionalidad del estado, el mantenimiento  económicamente del culto, la presencia de la religión en las aulas y la Iglesia tomará el papel de responsable de preservar los valores morales de la población española.

    Varios años más tarde, en 1855, durante el Bienio Progresista, el ministro de hacienda,  Madoz, planificó la Ley de Desamortización General o Civil. La diferencia de las anteriores, afectó a los bienes de los municipios, al estado y la otras instituciones civiles y expropia los pocos bienes restantes de la Iglesia, órdenes militares y a las órdenes de  beneficiencia. De esta forma, los bienes comunes o tierras comunales, que eran trabajadas por campesinos gratuitamente para el suyo propio subsidio, pasarán ahora la manos de particulares para sufragar la  construcción del ferrocarril, pagar la deuda pública y  industrializar el país. Pero, como ya pasó también anteriormente, no consiguió sus objetivos. Pero además de esto, arruinó a los ayuntamientos y perjudicó a los vecinos más pobres que dependían de las tierras municipales. No corrigió ni la propiedad de la tierra ni corrigió las desigualdades sociales.

    En este periodo de tiempo, se puso a  subasta el 20% (el 50% de la superficie  cultivable) de las tierras de España. A pesar de que no consiguiera todos sus objetivos, sí que lograron consolidar el estado liberal en  España, transformaron la propiedad de la tierra y contribuyeron a vencer a los  carlistas. Desde el punto de vista socioeconómico, aumentaron los  latifundios y se arruinaron los campesinos. No se mejoró la agricultura. Pero también tiene un punto negativo muy importante, el retraso de la industrialización por la desviación de los recursos  financieros hacia compra de las tierras en lugar de invertirlos en las actividades industriales.

 

    En cuanto a desamortización gallega, cabe indicar una serie de diferencias. Las tierras gallegas se explotaban mediante los foros, arrendamientos de larga duración. Los propietarios eran grandes nobles que estaban ausentes, y los hidalgos, los nobles más bajos, los representaban. En Galicia serán importantes los montes comunales, que serán  respetados por las instituciones liberales.

    Aquí se coloca a  subasta el derecho a recibir la renta de los foros. Tendrá poca importancia a desamortización de bienes propios por la escasez de propiedades particulares. Los campesinos lucharán contra los foros, creándose en el siglo  XX Acción Gallega, organización que movilizará el campesinado gallego. Finalmente, conseguirán en el 1926, con la redención de los foros, el oportunidad de hacerse con la propiedad de la tierra.